La Ley CLARITY sobre el Mercado de Activos Digitales se someterá a una prueba muy importante en el Senado el 15 de septiembre, tras más de un año de trabajo legislativo sobre el proyecto. La Cámara de Representantes aprobó la H.R. 3633 por 294 votos a favor y 134 en contra en julio de 2025, y el Comité Bancario del Senado impulsó su versión por 15 votos a favor y 9 en contra en mayo de 2026.
Más adelante, los legisladores fusionaron el trabajo de los comités Bancario y de Agricultura, mientras que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, presentó una moción de cierre antes del receso de agosto, fijando el 15 de septiembre como el próximo gran obstáculo.
La votación no supone la aprobación definitiva. En esencia, los senadores decidirán si proceden o no con el debate, y la moción de cierre requiere 60 votos, por lo que los republicanos necesitan el apoyo de los demócratas o de senadores independientes. Ahora, los republicanos del Senado han publicado nuevas revisiones tras las negociaciones durante el receso. Afirmaron que el proyecto incluye más de 115 «logros» demócratas, además de nuevas medidas contra el fraude y cambios para ciertas plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), así como una autorización clara para que las cooperativas de crédito operen con criptomonedas.
El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, instó a votar «sí» y señaló que también se han resuelto las inquietudes previas de la empresa sobre requisitos indispensables.
Dicho esto, no alcanzar los 60 votos podría debilitar seriamente el impulso del intento más avanzado del Congreso por crear lo que muchos consideran un marco integral para la estructura del mercado de las criptomonedas. Pero ¿por qué? En este artículo, te explicaremos las tres cosas más importantes que la Ley CLARITY hace por las criptomonedas.
La división entre la SEC y la CFTC es el eje central de la legislación
En esencia, CLARITY busca definir quién regula cada cosa. El marco está diseñado para preservar la autoridad de la Comisión de Bolsa y Valores sobre los valores y ciertas transacciones relacionadas con la captación de fondos. Al mismo tiempo, también amplía el papel de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en los mercados al contado de productos digitales y sus intermediarios.
El texto también introduce lo que denomina «activos auxiliares». En esencia, son tokens de red cuyo valor puede depender de esfuerzos empresariales o de gestión, mientras que los tokens en sí se consideran productos básicos y quedan sujetos a requisitos específicos de divulgación.
Esas obligaciones pueden dejar de aplicarse cuando cesan los esfuerzos de gestión pertinentes. En la práctica, la propuesta busca separar el tratamiento de las transacciones de captación de fondos conforme a las leyes de valores (ICO, STO, IEO, lanzamientos de NFT, etc.) del estatus regulatorio posterior del token en sí. Esto, por sí solo, aborda una de las incertidumbres jurídicas más persistentes de la industria.
La protección de las DeFi viene acompañada de una prueba de descentralización
El segundo asunto que el proyecto de ley busca abordar es el ámbito de las finanzas descentralizadas y la autocustodia. Las revisiones más recientes se centran en los protocolos DeFi no descentralizados. Esto significa que se trata de protocolos DeFi que parecen descentralizados, aunque partes identificables conservan un control significativo, y que exigen el registro ante la CFTC para las actividades pertinentes con productos digitales al contado.
El marco más amplio tiene en cuenta la discrecionalidad, el control y la capacidad de censurar operaciones al determinar si un protocolo está descentralizado o no. Sin embargo, al mismo tiempo, protege a ciertos desarrolladores de software y participantes de la red cuya función se limita al desarrollo de software o a la validación de transacciones. Además, también establece que, por lo general, las agencias federales no pueden impedir que las personas utilicen billeteras autogestionadas.
El objetivo es regular a las entidades que realmente controlan los servicios financieros, sin tratar necesariamente por defecto el código de fuente abierta o la infraestructura verdaderamente descentralizada como si fueran plataformas de intercambio centralizadas.
Las plataformas de intercambio de criptomonedas estarían sujetas a una regulación federal formal
Por último, pero no por ello menos importante, las empresas a través de las cuales la mayoría de los estadounidenses compra y vende criptomonedas también están siendo consideradas para su regulación. La Ley CLARITY sometería a las plataformas de intercambio de materias primas digitales, los corredores y los agentes a un régimen federal definido de registro y supervisión. Esto contrasta con la situación actual, en la que operan bajo una combinación de requisitos estatales, medidas de cumplimiento y una autoridad federal confusa y, a menudo, superpuesta.
El marco incluye requisitos tanto para la protección de los clientes como para la integridad del mercado. La última propuesta del Senado también aplica las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario a los intermediarios pertinentes de criptomonedas.
En esencia, esto significa que los programas contra el lavado de dinero, la identificación de clientes, la notificación de actividades sospechosas y el cumplimiento de las sanciones pasarían a ser partes integrantes y explícitas del marco federal.
La legislación también exige divulgaciones y protecciones adicionales destinadas a abordar los abusos cometidos por personas con información privilegiada, el fraude y el tratamiento de los activos de los clientes.
Por este motivo, la Ley CLARITY representa mucho más que una decisión sobre si determinados tokens son valores o materias primas: podría establecer las reglas operativas federales fundamentales para todo el mercado de las criptomonedas.
Fuente: CryptoPotato
